Solo existe un dictamen del Consejo Fiscal sobre el aborto y es demoledor: el que niega que pueda ser un derecho, además de poner en tela de juicio la constitucionalidad del proyecto del Gobierno

 En contra de lo que informó inicialmente la Oficina de Prensa del Consejo Fiscal en una iniciativa pensada deliberadamente para suscitar toda la confusión posible, no habrá dos informes contradictorios sobre el proyecto de ley del aborto, sino uno solo, el votado por la mayoría, ya que el citado órgano de la carrera judicial, al ser colegiado, aprueba sus dictámenes por mayoría y no es necesario, por tanto, el consenso. Como consecuencia, el Gobierno recibirá el dictamen que pone en tela de juicio la constitucionalidad del proyecto que, de ser aprobado en el previsto debate parlamentario, infringiría la doctrina del TC sobre el derecho a la protección de la vida del nasciturus. El texto del dictamen, que ocupa más de treinta folios y que reproducimos en nuestra sección de “Para saber más”, desmonta uno por uno casi todos lo argumentos supuestamente jurídicos contenidos en el anteproyecto, y corrige incluso diversos errores gramaticales que hacen confuso su entendimientos así como algunas contradicciones con las leyes vigentes y las resoluciones internacionales en la materia. Es tal la profusión de observaciones en este sentido, que el texto del anteproyecto ofrece la impresión de ser una auténtica chapuza jurídica. Empieza poniendo de manifiesto el engaño que entraña el propio enunciado del proyecto de ley, que trata de ocultar lo que lisa y llanamente es el aborto libre y, seguidamente, pone su atención en uno de los aspectos más controvertidos de la ley, el de convertir el aborto en un derecho. A propósito de ello afirma que en ningún país donde se ha legislado sobre el aborto se ha admitido el mismo como un derecho, en contra de las declaraciones del Gobierno que tantas veces se han referido a la incorporación a nuestra legislación de “los avances admitidos en el ámbito europeo”… De hecho, afirma el dictamen que “la claridad referida de los tratados internacionales se proyecta sobre la protección de la vida pendiente de ser alumbrada”, lo cual no es el caso del proyecto del Gobierno de Zapatero. Donde sí hubo consenso de los once miembros que integran actualmente el Consejo Fiscal, fue en el apartado referido a las niñas de 16 a 18 años y según el cual no están obligadas a consultar con sus padres antes de decidir abortar, una disposición que anulaba la patria potestad. En todo caso, la minoría que no quiso sumarse al dictamen elaborado, podrá emitir sus votos particulares que se adjuntarán al informe para conocimiento del Gobierno. A este respecto, la ministra de Igualdad, Bibiana Aído, declaró ayer que estudiaría atentamente “los dos informes” de los que tomaría nota, si bien, como es sabido, el dictamen del Consejo Fiscal, aunque es preceptivo, no es vinculante para el Gobierno que puede prescindir por tanto, de las observaciones fiscales. Este consenso no se obtuvo, sin embargo, en la principal de las grandes cuestiones que plantea el proyecto de ley, es decir, el aborto libre durante las primeras 14 semanas de gestación, considerado como un derecho de la mujer. El informe, respaldado por seis de los once vocales que actualmente conforman el Consejo, cuestiona la constitucionalidad de este precepto y su compatibilidad con la jurisprudencia dictada por el Alto Tribunal.  Según explicó el presidente de la Asociación de Fiscales, Guillermo García-Panasco, “esta es la diferencia fundamental” entre las posiciones de los fiscales “conservadores y progresistas”, pues los primeros, que ganaron la votación, defienden que “podría ser inconstitucional permitir este sistema de plazos sin que concurra ninguna otra causa” que motive la interrupción del embarazo. En este sentido, apuntó que de acuerdo con la doctrina del Constitucional, este precepto no sería viable porque “con una ley de plazos no se produce ninguna colisión de derechos” entre la madre y el hijo, ya que “la mera decisión de una persona implica directamente que se puede hacer la interrupción del embarazo y por tanto, ese valor –de la vida del nasciturus- queda automáticamente desprotegido”.  Ahora bien, el presidente de la Asociación de Fiscales, considerada “conservadora”, matizó que si la ley se aprueba conforme se ha redactado, el Tribunal Constitucional podría establecer doctrina en otro sentido ya que las concepciones jurídicas también pueden cambiar. “Pero mientras esté vigente la actual doctrina del Constitucional, no parece compatible”, señaló el García- Panasco Los votos particulares que se añadirán al dictamen oficial del Consejo Fiscal serán los de quienes se pronunciaron en contra, es decir, el Fiscal General del Estado, el Teniente Fiscal del Tribunal Supremo y los vocales elegidos por la Unión Progresista de Fiscales. Se recuerda a este respecto que hasta el fallecimiento repentino y reciente del Fiscal Instructor, el Consejo Fiscal estaba compuesto por 12 vocales y, en caso de empate, el vocales elegi dosinclinaba la balanza con su voto de calidad. Al no haberse cubierto aún la vacante, el reparto de mayorías es distinto, lo que ha propiciado el informe adverso a las tesis del Gobierno.

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