Dictadura educativa encubierta

En una dictadura, incluso en una dictadura encubierta como la que anida en no pocas democracias formales, entre las diversas libertades conculcadas o mermadas, como son la de expresión, de reunión, o de participación política, está la libertad de educación. Y, a medio y largo plazo, cuando una sociedad no goza de la libertad educativa, sucumbe a una alienación del pensamiento y a una dictadura de las conciencias, mucho más grave y peligrosa que la más visible y evidenciable conculcación de las otras libertades como la de expresión, reunión o participación. En España sufrimos de un modo casi endémico una flagrante claudicación de la libertad de educación. El ciudadano español, sujeto a derechos civiles y a obligaciones cívicas, tiene derecho, al menos formalmente, a expresarse –no tanto a contar con una pluralidad informativa suficiente-, a manifestarseobligaciones cívicas, a participar políticamente –aunque sea prácticamente solo al ejercer su derecho al voto en un sistema partitocrático huérfano de suficiente sociedad civil-, y a reunirse, aunque ya pocas reuniones existan que más allá de intereses particulares, tengan como fin el bien común. En cambio, ese mismo ciudadano, en la práctica, no tiene libertad para educar a sus hijos en un centro con un ideario que le de la garantía suficiente como para prever que no vayan a caer en la esquizofrenia de una educación escolar contraria en sus principios y concreciones al educación familiar. Por ejemplo, para la gran mayoría de los padres preocupados por la educación de sus hijos, conseguir que estos puedan ir a un centro escolar católico concertado cercano a su casa, es una tarea ímproba, casi imposible. Los cupos y porcentajes que el Estado impone a estos centros son tan pequeños, que a la postre, estos padres, si les es imposible económicamente llevar a sus hijos a un centro privado no concertado, se ven obligados a dejarlos a su suerte en un centro de gestión pública –que no público a secas, porque todos los centros escolares hacen un servicio público-, lo que significa ponerlos en manos en unos equipos, que, salvando honrosas excepciones, y salvando las diferencias existentes según sean las políticas educativas de las diversas comunidades autónomas, van a inculcarles una cosmovisión no sólo distinta, sino en los temas fundamentales contraria, a la que estos padres quieren compartir con sus hijos, que quedan a merced de grupos educativos de ideológica laicista radical y beligerante, cuya educación para la ciudadanía se da también en todas las demás asignaturas, coronando esta encubierta dictadura educativa.

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