En dos sentencias históricas, el Tribunal Superior de Castilla y León reconoce el carácter adoctrinador de “Educación para la Ciudadanía” y el derecho de los padres a objetar la asignatura

En dos sentencias históricas, que rompen con los titubeos jurídicos de anteriores autos y que suponen una clara reprobación de los intentos adoctrinadores del Gobierno, la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, con sede en Valladolid, ha reconocido el derecho de los padres a objetar y en consecuencia a exonerar a sus hijos de cursar las asignaturas conocidas comúnmente como Educación para la Ciudadanía, sin que esta dispensa pueda tener consecuencia negativa alguna a la hora de promocionar de curso y/o obtener los títulos académicos correspondientes.En las dos sentencias -las nº 1.998 y 1.999, de 23 de septiembre, dictadas en relación con los recursos nº 2.348 y 2.546 del año 2008- el TSJCyL, en una extensa y compleja argumentación y con un voto particular, se aparta motivadamente de las anteriores del Tribunal Supremo habidas en relación con estas materias. Así, el tribunal castellanoleonés, sin entrar a valorar intrínsecamente el ideario ofrecido por los demandantes, se limita a constatar el conflicto moral e ideológico que para ellos, los padres demandantes, supone el que sus hijos reciban una educación contraria a sus creencias religiosas, éticas o morales, y por tanto aplica el artículo 27.3º de la Constitución Española de 1978 que garantiza e impone a los poderes públicos el respeto del derecho de los padres a que sus hijos reciban una educación conforme a sus convicciones.

Intensa carga ideológica de la asignatura

Las razones de fondo, para reconocer ese derecho de objeción, son “la intensa carga ética, moral e ideológica de la asignatura discutida, que emplea conceptos difusos e indeterminados, pero con virtualidad bastante como para propiciar y producir el efecto indeseable de incidir en la privacidad e intimidad de los alumnos en plena fase de formación, y ello con arreglo a unos autocalificados valores éticos comunes; su carácter obligatorio, concentrado y vertical, superando la transversalidad multidisciplinaria hasta ahora imperante, así como el confesado propósito de reconstrucción, no de simple construcción, de valores en orden a la influencia en los comportamientos y actitudes, habilidades y destrezas de los menores (no conocimientos) que serán objeto de específica evaluación. Se refiere a “las significativas reservas y advertencias” del pleno del Tribunal Supremo respecto de proyectos educativos, libros de texto y explicaciones, con “continuas llamadas a la más rigurosa y exquisita objetividad, prudente distanciamiento, neutralidad respecto al pluralismo y exposición critica de la materia”. Agrega en este sentido que las advertencias del TS se efectúan “a fin de evitar el deslizamiento hacia el adoctrinamiento, proselitismo o captación de voluntades de los alumnos en relación
con cuestiones morales controvertidas sobre las que no exista un generalizado consenso en la sociedad española”.

Gravedad del conflicto

Igualmente se apoya en las significativas reservas y advertencias del Pleno del Tribunal Supremo respecto de proyectos educativos, libros de texto y explicaciones, con continuas llamadas a la más rigurosa y exquisita objetividad, prudente distanciamiento, neutralidad, respeto al pluralismo y exposición crítica de la materia a fin de evitar el deslizamiento hacia el adoctrinamiento, proselitismo o captación de voluntades de los alumnos en relación con cuestiones morales controvertidas sobre las que no exista un generalizado consenso en la sociedad española -reservas y advertencias por sí solas expresivas de la realidad y gravedad del conflicto”. Argumenta también el “confesado propósito de reconstrucción –no de simple construcción- de valores” en orden a la influencia en los comportamientos y actitudes, habilidades y destrezas de los menores -conciencias, sentimientos, relaciones interpersonales y emociones afectivo sexuales-, comportamientos -no conocimientos- que serán objeto de específica evaluación. Tales razones, no valoradas aisladamente sino en conjunto, son las que llevan al tribunal a apreciar el “riesgo exorbitante, que los padres no vienen obligados jurídicamente a soportar ni a esperar se cristalice, de invasión, injerencia o inmisión en la esfera de privacidad que el artículo 27.3 CE les reserva en cuanto a la formación religiosa y moral de sus hijos, lo que les hace acreedores del derecho a que estos se vean dispensados ex artículo 27.3 CE de cursar la asignatura, sin consecuencias desfavorables para ellos”.

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